Desde mi Sofá | Obed Silva
Poco le duró el gusto a los autonombrados representantes de la “sociedad civil” pues en un santiamén vieron frustrado su anhelo de influir en la decisión de quién será el candidato a la presidencia de México que postulara el bloque conservador Pan/Pri/Prd.
La ingenuidad de quienes dicen representar a los ciudadanos se topó con la tiranía de los dictadores partidistas quienes desde hace meses se repartieron entre ellos las candidaturas.
Semanas atrás el panista Marko Cortez dijo que las candidaturas a la presidencia y la jefatura de gobierno de la CDMX serían para el albiazul. Hecho que despertó un revuelo en las filas tricolores por lo que Alito se apresuró a negarlo.
La evidencia dejó en claro que el acuerdo existe y el Pri cedió los dos mencionados espacios a cambio de las candidaturas a gobernador en Edomex y Coahuila.
Para no quedarse atrás en la competencia con Morena, los “líderes” partidistas sacaron bajo la manga una estrategia para justificar los actos anticipados de precampaña que llevarán a cabo e impusieron a las organizaciones “ciudadanas” el procedimiento para definir la candidatura.
El primer requisito para quienes deseen abanderar a la derecha es presentar el próximo 4 de julio, 150 mil firmas de apoyo.
Resulta evidente que la mayoría de los interesados no controlan el dinero y las estructuras partidistas por los que difícilmente cumplirán con el requisito.
Por esa razón desistieron de su intención Lily Tellez, German Martinez, Mauricio Vila y Claudia Ruiz Massieu mientras que Gustavo de Hoyos, de Coparmex, ha puesto en duda su participación.
La incógnita que surge para cumplir con la cuota de 150 mil firmas de apoyo es el origen de los recursos económicos con los que los aspirantes financiarán tal encomienda.
Los expertos consideran que el proceso de recolección de firmas tendrá un costo de 20 pesos por cada rúbrica, que multiplicados por 150 mil suma 3 millones de pesos por cada uno de los 8 aspirantes.
Si los 8 aspirantes consiguieran 1 millón 200 mil firmas que tendrían que recabar, requerirían una inversión de 24 millones de pesos.
La cantidad estimada, rebasa con mucho el monto de aportación individual que los miembros de un partido pueden ingresar como cuota por su membresía partidista.
Aunado a lo anterior, en este momento los partidos políticos no pueden ejercer gastos ni presentar informes financieros al INE por concepto de precampañas porque las mismas no han comenzado legalmente.
Por el desencanto de los aliados “ciudadanos”, el mini INE presumido como garante del proceso, se disolvió de inmediato y fue sustituido por otro integrado por ex consejeros electorales afines a los partidos y validado por Claudio X. González.
La eficacia legal de la forma con la que buscan evadir la ley, debe ser la mayor preocupación al interior del bloque conservador.
Pan/PRI/Prd especulan que no tendrán consecuencias porque Morena también está anticipando su precampaña.
Sin embargo, los partidos de la derecha se juegan el pellejo pues el fraude a la Ley por el uso ilegítimo de recursos financieros podría propiciar la inhabilitación de su candidatura presidencial o la cancelación del registro como partidos políticos.
Por lo anterior, el denominado Frente Amplio por México necesita forzosamente que el INE les avale su jugada legaloide.
Sobre la estrategia del bloque conservador, Ciro Murayama, exconsejero electoral del INE, manifestó: “Es lamentable que Va por México también se desentienda de cumplir los plazos de la ley electoral”.
¡Nomás por joder!
La hemorragia en el tricolor no se detiene. Hoy lunes el senador Miguel Ángel Osorio Chong, otros senadores y ex gobernadores, renunciarán a su militancia en el Pri.
- El autor es abogado y analista político.
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