Al tiempo amigos | Xavier Carvajal
Tijuana, B. C. 15 de enero de 2022.- El día de ayer, viernes 14 de enero, después de permanecer acefala por más de cinco semanas, al fin a la Sra. Gobernadora Marina Del Pilar Ávila Olmedo, le dio por presentar ante el Congreso del Estado, la terna de los que para ella, muy en lo personal y de su grupo y conforme a sus intereses, considera aptos para ocupar el cargo de alta responsabilidad y vital importancia para la sociedad: La Fiscalia General del Estado.
En la terna presentada, ante la H. Asamblea, de los “presuntos”, se aprecian los siguientes nombres:
- Ricardo Ivan Carpio Sánchez;
- Rafael Orozco Vargas y
- Alejandro López Reyes.
De éstos tres, mucho, hasta el cansancio, se ha mencionado el nombre del marcado con el número 1, Ricardo Carpio; al grado tal que, la reciente reforma del 21 de diciembre pasado, a la fracción III del artículo 70 de la Constitución del Estado de Baja California, ya el “populus”, le ha dado por llamarle “LA LEY CARPIO”, al considerar que la reducción del requisito de 10 años, a 5 años de contar con titulo profesional, se debe a que éste, al parecer obtuvo su título de abogado en el año de 2017; siendo por ello, la dedicatoria y la celeridad con que se emitió la reforma.
Los otros dos, es decir, Rafael Orozco y Alejandro López, con el debido respeto, pero son perfectos desconocidos para la ciudadanía; se ignora, si son aptos o elegibles para ser Fiscal General; aunque no podemos omitir señalar que, al que va en “primer” lugar, únicamente se le conoce como Policía Investigador dentro de la F.G.E., en donde ha fungido como Director de Unidades Especializadas; sin embargo, ningún antecedente se le conoce, dentro del ejercicio profesional como abogado; ésto es que, nunca se ha sabido que hubiere litigado en las ramas del derecho Constitucional, Penal, procesal penal, amparos, administrativo, civil, derechos humanos, entre otras, de vital e imprescindible importancia, para cualquier pretenso de convertirse en Fiscal General del Estado.
Bueno, habrémos de esperar a que los señores Diputados del Congreso Estatal, cumplan con la exigibilidad prevista por la ley, para que, previo análisis de los expedientes anexos al oficio enviado por la gobernadora; así como del resultado de los exámenes que se deriven de las entrevistas personales que se hagan a los integrantes de la terna, decidan conforme a la ley y en caso de no cumplir con los requisitos, resuelvan en consecuencia.
El Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, al igual que otras agrupaciones sociales y de profesionistas nos hemos manifestado atentos al proceso, por lo que, de verse afectado por los intereses personales, de grupo o partidistas, también habrémos de actuar en consecuencia. Por lo pronto los abogados Colegiados, expertos en la materia, tenemos bajo análisis, la procedencia o no del amparo o la controversia constitucional contra la bien llamada “Ley Carpio”.
Al tiempo amigo(a)s…al tiempo.
El autor es abogado y analista político
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