Desde mi Sofá | Obed Silva
De acuerdo a un reciente estudio de opinión levantado por una prestigiosa empresa encuestadora de nuestra ciudad, el crimen asociado al narcotráfico es el principal problema que perciben los ciudadanos en materia de inseguridad.
Los resultados arrojados por el sondeo de opinión no revelan realmente algo nuevo sin embargo, cuando el estudio se va disgregando desde el ámbito de la ciudad hacia la delegación, colonia y comunidad el rostro del fenómeno criminal cobra una interesante dimensión.
En términos generales, el porcentaje respecto de la percepción del problema va encontrando variaciones en la medida que la encuesta se desagrega hasta el nivel de “comunidad”.
Lo anterior podría indicar que la identificación y focalización de las comunidades con una mayor incidencia delictiva seguramente es bien conocida por las diversas corporaciones policiacas, de ahí que la pregunta obligada sea: ¿por qué en ciertos territorios de la ciudad el crimen organizado actúa con un importante grado de impunidad?
Probablemente una respuesta podría encontrarse en la ineficacia para inhibir el apoderamiento del territorio y de la imposición de “cobros” por protección que en esos territorios el crimen organizado recauda no sólo respecto de acciones ilícitas sino también de actividades económicas lícitas.
Otra respuesta podría ser que las corporaciones policiacas no solo se enfrentan a la complicada estructura de las bandas delictivas organizadas en numerosas células sino también compiten contra la infraestructura social del crimen organizado, su equipamiento y la gran cantidad de dinero que manejan producto de sus actividades ilícitas.
Al pasar de los últimos años, diversas estrategias en materia de seguridad pública se han ejecutado pero pareciera que el eje de todas se apoya más en el combate del fenómeno de manera reactiva y menos en la prevención y en un eficaz trabajo comunitario de las diversas dependencia públicas como medida disuasiva de las conductas delictivas.
En la semana que concluyó, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Local y a otras leyes para regresar al tradicional concepto de la Secretaría de Seguridad.
La renacida Secretaría de Seguridad Ciudadana, según se afirmó, aportará “una nueva dimensión institucional en beneficio del fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección de las personas”.
De acuerdo con lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa aprobada por el Congreso Local, se parte del reconocimiento en el sentido de que “las acciones en materia de seguridad pública aplicadas no han dado los resultados del todo esperados”.
Por ello, se dice en la iniciativa, “es indispensable emprender un viraje de rumbo que además de tomar en cuenta los justificados reclamos por la seguridad y el diseño e implementación de una política de seguridad integral, ataque las raíces mismas del fenómeno delictivo y de la pérdida de seguridad”.
Ojalá que esta nueva intentona ahora sí arroje los resultados deseados.
¡Nomás por joder!
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