Desde mi sofá | Obed Silva
Tijuana, B. C. 9 de febrero de 2025.- Durante los treinta y seis años del período neoliberal PriAnista, se ejecutó una estrategia para
apropiarse de los bienes públicos con el objetivo de obtener pingües ganancias.
En ese lapso se impulsó la doctrina que promueve que el Estado privatice la prestación de servicios públicos e instituciones de bienestar social.
Al imponer el concepto de “más sociedad y menos gobierno” la derecha panista obtuvo un triunfo cultural, implantando la idea de que el gobierno es ineficiente y que por esa razón se debía entregar al sector privado áreas estratégicas de la economía nacional como la minería, el agua, electricidad y petróleo.
El impulso privatizador cobró plena vigencia en el zedillismo, “concesionando” zonas de la seguridad nacional como el espectro electromagnético, los puertos marítimos, aeropuertos, carreteras, vías férreas y mar territorial.
Parte de la estrategia se fincó en que los gobiernos PriAnistas se declararán en quiebra para poder abrir a la inversión privada desde hospitales hasta prisiones.
En ámbito local sucedió lo mismo, el afán de riqueza llevó a qué se otorgarán concesiones de servicios públicos, infraestructura y de salud, que no cumplieron con el propósito de las mismas o que sirvieron para obtener dinero del erario a cambio de nada.
Una visión distinta fue la impulsada por AMLO y que continuó la Presidenta Sheinbam.
En marzo de 2023 el entonces presidente López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley para “revocar concesiones, recuperar bienes nacionales y declarar la nulidad de actos administrativos cuando se determine que fueron otorgados mediante actos de corrupción o que sean perjudiciales para el interés general”.
Bajo la anterior premisa, nuestra Presidenta erradicó el corrupto esquema de APPs y a cambio impulsa un modelo de empresas públicas de participación mixta en las que el sector privado y público invierten, compartiendo los riesgos y las ganancias.
Los bienes públicos de uso común y los recursos naturales de propiedad originaria de la nación, deben servir para expandir la riqueza y no como ganancia de unos cuantos.
Con la 4T el concepto de bienes públicos “concesionados” cambió de manera radical, ahora no solo se busca que cumplan con la prestación de los servicios, sino que también produzcan ingresos destinados a los programas de bienestar, instituidos para todos los mexicanos y mexicanas.
Nomás por Joder
¿De qué servirá concesionar una larga avenida que desemboca en el caos de un congestionamiento vehicular?
• El autor es abogado, servidor público y analista político.
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