Electricidad, patrimonio nacional

Desde mi Sofá | Obed Silva

Tijuana, B. C. 10 de Octubre de 2021.- Hoy, se debate en el ámbito nacional la iniciativa del Presidente de México para garantizar que el Estado mexicano tenga bajo su control el 54% de la industria eléctrica nacional y la respuesta de quienes impulsaron la privatización de dicha industria es gritar con alarma que con ello vendrá la debacle del país.

El día 5 de julio de 2020 AFN publicó un artículo de mi autoría titulado “Bartlett y el negocio eléctrico”. Por considerarlo de actualidad y abusando de la benevolencia de quienes me leen, reproduzco el mismo con algunas adecuaciones pertinentes al caso, en el siguiente tenor:

En 1879, la fábrica de hilados y tejidos “La Americana”, de León, Guanajuato, introdujo por primera vez en México la energía eléctrica y para ello instaló una termoeléctrica.

Para 1900 se estima que la capacidad de generación de electricidad en México era de 22.3 mil KW, de los cuales el 44% correspondía a plantas construidas por fábricas textiles en Orizaba, Monterrey y Atlixco en Puebla, por lo que el déficit de suministro de energía eléctrica para la población en general era mucho.

Desde su origen, dicha industria fue apropiada por la iniciativa privada pero principalmente por empresas extranjeras. Como consecuencia de ello, el 14 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la creación de la Comisión Federal de Electricidad cuyo objetivo es organizar y dirigir un sistema eléctrico nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para todos los mexicanos.

No obstante la creación de la CFE, el capital privado siguió dominando la industria por lo que en 1960, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de reforma del Presidente Adolfo Lopez Mateos al artículo 27 constitucional para definir que correspondía a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica como un servicio público.

Desde entonces, la CFE fue la empresa del Estado mexicano que manejó durante tres décadas en exclusiva el parque eléctrico en México.

En 1992, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, sin reformar nuestra Carta Magna, inicia la privatización de industria eléctrica mediante cambios a la ley y reglamento del servicio público de energía eléctrica incorporando las figuras de productor independiente, autoabastecedor, cogenerador e importador-exportador.

Mediante las reformas salinistas, los “productores independientes” aumentaron exponencialmente tanto en su capacidad instalada como en su producción de energía.

La privatización del servicio público de electricidad se auspició y creció bajo este tipo de esquemas que, aunados a posteriores modificaciones legales, permitieron al sector privado dominar de nuevo la industria eléctrica de México.

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se reactivó la vieja discusión respecto al papel que debe jugar el Estado mexicano en materia energética.

Hay quienes afirman que en los últimos treinta años, el gobierno federal se alejó a propósito de la generación de electricidad para dar cabida a la producción privada por medio de tecnologías eólica y solar.

El director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, ha afirmado que hoy el 50% de la energía eléctrica del país es generada por empresas privadas.

Con lo anterior, dice Bartlett, se obligó a CFE a comprar la energía y a dejar de producirla, provocando con ello su quiebra económica.

El director de la empresa estatal afirma que los productores privados utilizan la infraestructura propiedad de CFE sin pagar el servicio de transmisión y distribución de la energía eléctrica que se suministra a los miles de consumidores, clientes de las empresas privadas.

Al final, según Bartlett, con ese esquema las empresas privadas usan la infraestructura de distribución sin pagar un centavo por ello, sin invertir nada en mantenimiento y crecimiento, con lo que logran vender electricidad a precios más competitivos que los de CFE.

Bartlett afirma, que de aquí a 2024 se requerirán cien mil millones de pesos para ampliar redes de transmisión y distribución para que 127 empresas privadas se cuelguen al sistema eléctrico nacional sin que esas empresas privadas aporten un solo centavo.

La CFE exige terminar con prácticas de presuntos fraudes cometidos por empresas como Grupo Salinas, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly Clark que pagan precios subsidiados por la electricidad que compran.

Al igual que el caso de la española Iberdrola que simula ser socia de miles de tiendas Oxxo, cuando en realidad Oxxo es su cliente.

La costumbre de conseguir que les cedan bienes y servicios públicos, es el filón de oro que ciertos empresarios explotan para generar inmerecidas ganancias.

El ejemplo de estas prácticas lo tenemos en Tijuana con el caso de miles de metros cuadrados de vías públicas que el panismo entregó a una empresa privada para que cobrará por estacionar vehículos en las calles propiedad de todos.

¡Nomás por joder!
El 27 de septiembre de 1960, desde el balcón de Palacio Nacional el Presidente Lopez Mateos dijo:
“Al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica…”

Treinta años después, otro Presidente la devolvió a manos privadas. Ahora, el actual Presidente busca regresar al ideal revolucionario.