Camino Verde, una bomba de tiempo

Desde mi Sofá | Obed Silva

Tijuana, B. C. 13 de marzo de 2022.- De acuerdo con los registros periodísticos, el próximo 10 de junio la colonia Camino Verde de Tijuana cumplirá 38 años de haber sido fundada.

Camino Verde nació

producto de una invasión de tierras de propiedad privada encabezada por “el Grupo México” que lideraron Alejandro Herrera Bejarano (QEPD) y la licenciada Roxana Soto Agüero.

Al triunfo del panismo en 1989, el gobernador Ernesto Ruffo Appel utilizó el tan odiado “populismo” para llevar a cabo la legalización de las tierras de ese lugar a través del organismo público denominado Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Estado (CORETE).

De esa forma, el gobierno panista de aquel entonces otorgó la propiedad de la tierra a las miles de personas invasoras de grandes extensiones en donde construyeron sus viviendas.

Aparejado a lo anterior, el gobierno estatal invirtió recursos del erario para la introducción de servicios públicos, infraestructura urbana, equipamiento escolar y áreas de uso común.

Conforme a la historia de Tijuana, el gobierno del Estado de Baja California ejecutó en Camino Verde la citada acción de urbanización sin considerar el riesgo que implicaba levantar viviendas en laderas y cañones de la zona y sin construir las obras para el amortiguamiento que garantizaran la seguridad de los habitantes a los que les otorgó la propiedad de la tierra.

Como ha sucedido en otros lugares de la ciudad, hace unos días, en la colonia Camino Verde iniciaron deslizamientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de viviendas. Provocando la intranquilidad de los habitantes quienes se niegan a abandonar sus propiedades y que no simpatizan con los ofrecimientos oficiales en razón a las malas experiencias, como la de Lomas del Rubi.

Hasta ayer, la autoridad municipal contabilizó 167 predios en situación de alto riesgo en las calles Andador México, Sierra de Juárez, cerrada Santa Catarina, Manuel Alvarez, Victor Islas, Sierra Encantada, Sierra el Pinar, Sierra la Pinta, el callejón San Pedro Mártir y todo hace suponer que el deslizamiento de tierra afectará a más calles.

Se estima que a la fecha, un total de 753 personas han sido afectadas y lo más probable es que no puedan seguir ocupando sus hogares y pierdan sus viviendas.

Lo que sucede en Camino Verde es la continuación de una secuela de hechos que hemos presenciado en la ciudad durante muchos años.

Asentamientos como los de Laderas de Monterrey, Sanchez Taboada, Lomas del Rubí, Las Californias, Ignacio Ramirez, entre otras, han sido escenario de la inobservancia de las leyes y reglamentos en materia urbana debido al desmedido interés de los “desarrolladores” que cortan cerros, rellenan arroyos o socavan cuencas de escurrimientos naturales de agua con el objetivo de construir fraccionamientos.

Diversos estudios han demostrado que gran parte del crecimiento de la ciudad se ha dado en zonas no aptas para la urbanización.

Se estima que el explosivo crecimiento de la ciudad se registró entre los años 1984 a 1993 cuando la mancha urbana se duplicó de 12,650 hectáreas a 24,903, con la agravante de que más del 50% de ese crecimiento se dio sobre cerros y cañones ubicados hacia el sur de la ciudad.

Las áreas ocupadas durante ese periodo estaban consideradas, según el plan de desarrollo de 1984, como de preservación ecológica y su apoderamiento provocó problemas de ordenamiento urbano, dotación de servicios y legalización de la tenencia de la tierra.

En treinta años de panismo, se privilegió la depredación del entorno natural de nuestra ciudad, la especulación y acaparamiento de la tierra así como una terrible corrupción que propició la inobservancia de las leyes en materia urbana. Ahora el gobierno de la 4T tiene la oportunidad de corregir esa inercia.

¡Nomás por joder!
Apoyos de cuatro mil pesos al mes para pagar renta de vivienda durante seis meses.

En Tijuana, esa cantidad sólo alcanza para rentar un cuartucho.

• El autor es abogado y analista político