Desde mi sofá || Obed Silva
Tijuana, B. C. 27 de octubre de 2024.- En mi colaboración del 6 de octubre comenté que para atender el problema de la seguridad pública, es necesario decretar que las adicciones son una enfermedad epidémica que
produce grandes cantidades de dinero disputadas, a sangre y fuego, por los cárteles que operan en Baja California.
Los gobiernos de la 4T proponen como eje fundamental para lograr la paz social la atención a las causas y en ese sentido las adicciones son la principal causa de la inseguridad en el Estado.
El miércoles de la semana que concluye, nuestra Gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, presentó un programa en materia de adicciones que habrán de ejecutar la Secretaría de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con la información proporcionada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 42% de las personas sujetas a procesos penales son adictas a sustancias psicotrópicas.
Tal hecho llevó, según dijo el Magistrado, al diseño de un modelo de Tribunal Especializado en Narcomenudeo cuyo objetivo es inducir a quienes cometen delitos menores, a qué participen en un proceso de rehabilitación a cambio de no ser privados de su libertad.
Con información proporcionada por el Secretario de Salud, en el lapso de enero de 2022 a enero de 2024, se estima que el promedio de la prevalencia de la demanda para el tratamiento de consumidores de drogas fue de un 1.7% en adictos a cocaína, 13.3% para consumidores de alcohol, 28.2% a la mariguana y 61.5% a las metanfetaminas.
Aunque el mayor porcentaje lo representan los consumidores de metanfetaminas, lo que prendió los focos de alarma, fue el crecimiento en consumidores de fentanilo, pues la cantidad de adictos a esta droga, según dijo el Secretario de Salud estatal, se triplicó en tan solo tres años, pasando del 3.8 al 10.9 por ciento.
El entusiasmo con el que el Presidente del Tribunal Superior del Estado y el Secretario de Salud explicaron el programa, no dejó duda de su buena intención sin embargo, quedaron sin responder preguntas como la cantidad de inversión requerida, el porcentaje de éxito estimado, el plazo para la operación de los tribunales y la cantidad de personas que compurgan penas por delitos menores, que podrían beneficiarse con el programa.
En el marco de la visita de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum a Baja California, resulta relevante el programa anunciado ya que se suma a otras entidades como Nuevo León, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Durango en dónde opera, desde hace tiempo, el modelo de Justicia Terapéutica que se pretende implantar en Baja California.
Ojalá que el programa dado a conocer, sea el inicio de una gran estrategia de salud pública apoyada por el Gobierno Federal, para atender a los miles de enfermos adictos que viven en Tijuana y no se límite a quienes estén sujetos a un proceso penal.
¡Nomás por joder!
El riesgo de contratar a personas sin experiencia en el servicio público es que con cualquier cosa se apantallan.
• El autor es abogado, servidor público y analista político.
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